Comentario

El interés de los comicios no sólo residía en la renovación de la Cámara legislativa, sino que constituían un test fundamental para medir el grado de aceptación social del reformismo del primer bienio y para comprobar si el electorado conservador se inclinaría hacia los partidos de la derecha republicana y "accidentalista" o daría un apoyo mayoritario a los monárquicos. Existía también la incógnita del sentido de los sufragios de seis millones de mujeres -más de la mitad del censo- que votaban por primera vez en unas elecciones generales. Las Cortes habían aprobado, además, una Ley el 27 de julio de ese año, que modificaba el sistema electoral, introduciendo las listas abiertas, que posibilitaban cambios en la composición de las candidaturas entre la primera y la segunda vuelta y elevando al 40 por ciento la cantidad de sufragios requerida por una candidatura para triunfar en la primera, mientras que en la segunda, que se celebraría si ningún candidato llegaba a esa cifra, sólo podrían participar quienes hubiesen alcanzado el ocho por c iento de votos válidos en la anterior.
La formación de las candidaturas demostró el vuelco producido en el panorama político en poco más de dos años. La derecha no republicana, consciente de su recuperación en los últimos meses y de la oportunidad que se le ofrecía, olvidó sus divisiones tácticas e ideológicas para formar, el 12 de octubre, la Unión de Derechas y Agrarios, coalición electoral que colocaba bajo la supervisión de un Comité nacional, presidido por José Martínez de Velasco, a las candidaturas cedistas, alfonsinas, tradicionalistas y de los independientes agrarios y católicos. La coalición elaboró un programa mínimo de tres puntos: revisión de la Constitución y de la legislación del primer bienio, sobre todo en materia religiosa y social, supresión de la reforma agraria y amnistía para los delitos políticos. En el reparto de puestos en las listas de la coalición, la CEDA impuso su hegemonía, que sólo se avino a compartir con los carlistas en el País Vasco y Navarra y con los agrarios en algunas provincias castellanas.

Los republicanos acudieron a las urnas divididos. Los radicales, haciendo gala de su centrismo, pactaron en algunas circunscripciones con sus socios gubernamentales de la izquierda y en otras, con los pequeños partidos de la derecha y el centro republicanos e incluso, celebrada ya la primera vuelta y aprovechando la posibilidad de modificar las candidaturas para la segunda, con la CEDA y los agrarios. Para los republicanos de izquierda, forzados a buscar coaliciones muy amplias por la reforma electoral aprobada por ellos mismos cuatro meses antes, el dilema era unirse a los radicales o a los socialistas. En el PSOE, pese a los esfuerzos de Prieto y De los Ríos, predominaba la opinión contraria a los pactos con sus antiguos aliados, fruto en buena medida de una sobrevaloración de las posibilidades electorales del partido. Por tanto, el PSOE sólo suscribió acuerdos con los republicanos en unas pocas circunscripciones, lo que suponía que los partidos de la antigua conjunción republicano-socialista acudían a las urnas divididos y atomizados en candidaturas dispares, enfrentados en casi todas partes y dando al electorado una muy perjudicial imagen de desunión y falta de coherencia política.

El resultado de las dos vueltas electorales -en 16 circunscripciones no fue suficiente la primera- configuró unas Cortes muy distintas de las Constituyentes. La derecha se atribuyó la victoria al obtener 204 diputados, pero sólo representaba un 43 por ciento de la Cámara, porcentaje que disminuye a sólo el 40 si consideramos únicamente los 188 escaños obtenidos por la coalición Unión de Derechas y Agrarios. El centro, mucho más disperso, reunía a unos 170 diputados, que suponían el 36 por ciento del total. Y la izquierda, la gran derrotada, no llegaba al 20 por ciento con sus 93 parlamentarios. Pero estos porcentajes de las distintas opciones parlamentarias menguan aún más si se admite, como hace L. Morlino, la existencia de cinco bloques en la Cámara: derecha (39 por ciento), centro-derecha (16,2), centro (22,3), centro-izquierda (2,3) e izquierda (17,2). De cualquier forma, la composición del Parlamento no admitía una mayoría ideológica, sino que obligaría a pactos muy amplios para asegurar la gobernabilidad.